· La organización criminal contaba con la colaboración de empresas náuticas legales, con las que adquirían las piezas necesarias para confeccionar embarcaciones de alta velocidad
· Se trata de lanchas semirrígidas de entre ocho y diez metros de eslora aproximadamente con entre tres y cuatro motores de gran cilindrada y que podían cargar cerca de dos toneladas de hachís
· Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, en una investigación conjunta, han desmantelado el aparato financiero de la organización y han intervenido más de tres toneladas de hachís, con un valor en el mercado ilegal cercano a los 6,5 millones de euros, así como unos 80.000 euros en metálico
· Se han llevado a cabo once entradas y pesquisas, principalmente en domicilios y sedes de empresas que la organización disponía en Cataluña, Pontevedra, Málaga y Cádiz
· Aparte, se han detenido a trece personas, seis de las cuales han ingresado en prisión provisional por orden del juez instructor de la causaAgentes de la Policía de la Generalitat-Mozos de Escuadra de la División de Investigación Criminal (DIC) del Área de Investigación Criminal de la Región Policial del Camp de Tarragona, conjuntamente con agentes de la Guardia Civil de Tarragona, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y han detenido a trece personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas.
La investigación se inició hace cerca de un año cuando los investigadores de ambos cuerpos, a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) pusieron en común la existencia de dos investigaciones, centradas en la propia organización criminal, que confluyeron en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), tutelado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Tarragona.
Una organización criminal que penetra en negocios legales
La organización criminal contaba con la colaboración de empresas náuticas legales que daban cobertura y fiabilidad a sus operaciones comerciales. Adquirían el material náutico necesario para la fabricación de sus narcollanchas: motores de gran potencia, aparatos de navegación y comunicación, que les permitían realizar grandes desplazamientos marítimos a empresas legales con sede, tanto en España como en el extranjero. Los arrestados blanqueaban las ganancias de sus operaciones a través de estas mismas empresas.
La cúpula de la organización estaba liderada por dos individuos que llevaban a cabo labores de dirección y supervisión del grupo, aunque no se encargaban de las actividades más comprometedoras. El resto de los investigados formaba parte del aparato logístico de la organización. Primer desembarco detectado en Tossa de Mar
En el marco de la investigación en febrero de 2023 los investigadores obtuvieron información relevante gracias a la cual pudieron intervenir en Tossa de Mar una partida de hachís de cerca de dos toneladas transportados en una “narcosa” por la organización desde el norte de África.
Este desembarco lo organizó el grupo criminal investigado, que supervisó directamente su ejecución. El operativo policial logró interceptar la droga pero las personas que se encargaban de la operación consiguieron huir de la zona cuando se inició la actuación policial.
Los investigadores constataron que la organización criminal habría utilizado lanchas para otros desembarcos de hachís, como el ocurrido en las costas de Almería a inicios de marzo, en el que la Guardia Civil intervino cerca de dos toneladas de hachís y detuvo a siete personas.
Empresas legales del sector marítimo utilizadas como tapadera
El desembarco generó información de interés policial que, en parte, permitió al equipo de investigadores la detección de un entramado empresarial dedicado a blanquear el dinero, financiar las actividades de la organización e intentar justificar la compra del material necesario para la construcción las embarcaciones de alta velocidad.
De esta forma, los investigados hacían el transporte con las embarcaciones y también el blanqueo de dinero que conseguían de sus actividades. Dentro del propio entramado empresarial se localizaron hasta siete empresas, ubicadas en Cataluña, que facilitaban el blanqueo de capitales a partir de una simulación de la actividad. Los investigadores estiman que el conjunto de empresas pudo blanquear más de 2.100.000 euros.
Una de estas empresas, ubicada en el puerto deportivo de Mataró, además de facilitar el blanqueo de capitales, se utilizaba para adquirir los elementos necesarios para construir las embarcaciones.
Los investigados adquirían las partes para construir las lanchas de empresas estatales, ubicadas en Pontevedra, Málaga o Cádiz, pero también en empresas de distintos países europeos. De esta forma obtenían estructuras de embarcaciones semirrígidas y motores de gran potencia u otros elementos de navegación y comunicación, tratando de no levantar sospechas al adquirirlas desde una empresa náutica legal. Talleres clandestinos
Una vez la organización adquiría los productos necesarios para la construcción de las embarcaciones de alta velocidad, los investigados utilizaban una empresa de transportes, dirigida por uno de los líderes de la organización y que utilizaba un testaferro como supuesto titular, para trasladar -las hasta talleres clandestinos que disponía la organización. De estos talleres se detectaron hasta tres, ubicados en las localidades de Rubí, Salt y Tarragona, desde donde la organización ensamblaba todo el material náutico que había obtenido de forma supuestamente legal.Las embarcaciones eran lanchas semirrígidas de entre ocho y diez metros de eslora aproximadamente y que montaban entre tres y cuatro motores de gran cilindrada. Además, tenían capacidad para un máximo de cuatro personas. En la banda de proa, usualmente, ubicaban un gran número de bidones de gasolina para tener el suministro de combustible suficiente para emprender viajes de las costas del continente africano hasta Cataluña.
Explotación de la investigación
Con todos los indicios obtenidos durante la fase de investigación el 14 de marzo, el equipo conjunto de Mossos y Guardia Civil llevó a cabo la explotación del caso.
Se realizaron once entradas y pesquisas en las localidades de Rubí, Cerdanyola del Vallès, Canovelles, Terrassa, Cabrils, Sant Adrià Besòs, Barcelona y Sant Boi de Llobregat. Al día siguiente también se llevaron acciones policiales a empresas de Pontevedra, Cádiz y Málaga.
Durante los estrados se detuvieron a 6 personas, alrededor de 80.000 euros en metálico, dos vehículos, 1 semirremolque y multitud de documentación relacionada con las empresas de la organización criminal.
Aparte, los investigadores pudieron vincular la organización con la intervención de otras cinco “narcosajas” ya preparadas para transportar hachís a las localidades de Mataró, dos en Rubí, en Amposta y en Cartagena (Murcia).
La investigación ha supuesto un reto para los investigadores ya que parte de la cúpula de la organización criminal ya fueron investigada durante el año 2022, lo que podría haber puesto en alerta a los miembros de la organización. Por otra parte, la movilidad del grupo por todo el Estado español era otro elemento de dificultad, sumado a que disponía de asentamientos en varios lugares de Cataluña.
La investigación ha neutralizado la actividad de la cúpula de la organización criminal y ha actuado sobre su entramado financiero con el fin de seguir el rastro del dinero blanqueado que la organización obtenía del tráfico de drogas.
